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Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia han demostrado con su comportamiento que viven en una burbuja de opacidad e irrespeto a la institucionalidad democrática del país. La denuncia contra el Presidente de la Corte, sobre su supuesta participación en el escándalo de los pinchazos, es la última cereza en el pastel de horror de lo que ocurre en ese órgano del Estado. Con independencia de si lo denunciado es un hecho o no, es evidente que el sistema judicial empieza a hacer implosión desde su misma cúspide, incapaz de soportar el enorme peso de los actos y actores corruptos que carcomen la administración pública. El festín de acusaciones mutuas revela lo podrido que hay en el que debería ser el árbitro supremo de la nación. Lo que está ocurriendo rebasa todo límite razonable y empieza a amenazar con hacer colapsar las bases del Estado de derecho. Urge una depuración en la Corte y la renuncia de los magistrados es lo que se impone bajo estas circunstancias, pues su carente credibilidad da paso a la sospecha: ¿sus fallos son en estricto derecho o sirven a sus propios intereses y/o a los de terceros? Esa es la duda que impera.