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Hoy la portada de este diario es un recordatorio de que la corrupción está vigente. La auditoría al Instituto de Mercadeo Agropecuario revela que se efectuaron pagos excesivos y las contrataciones dudosas del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, a través del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN), hoy Dirección de Asistencia Social (DAS), ofenden el sentido común. Además, un grupo de altos funcionarios del Ministerio de Educación ha sido destituido por “pérdida de confianza”. Estos son los primeros indicios de que la cultura política oportunista, los compadrazgos, y el quid pro quo de contribuciones de campaña a cambio de favores y de contratos de gobierno son un cáncer que sigue afectando al Estado. La transparencia y la lucha contra la corrupción no son ropajes convenientes solo para perseguir a algunos funcionarios de gobiernos anteriores. La administración actual tiene que recuperar la confianza y la legitimidad ante los ojos de los ciudadanos, y comprometerse, a profundidad, con la transformación ética e institucional que Panamá necesita para erradicar la corrupción de su realidad política. No hay excusas ni pretextos válidos que justifiquen más impunidad o indiferencia frente a este grave flagelo, que amenaza las bases mismas del Estado de derecho y la lealtad a la democracia. Así de importante debe ser este reto para todos los panameños.