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La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) alcanza su etapa de madurez como institución del Estado panameño. Por un lado, debe completar el proyecto de construcción más ambicioso que se haya emprendido en nuestro suelo; y por otro, gestionar oportunidades de negocios, como el puerto de Corozal, que complementen al Canal ampliado y a las nuevas realidades del comercio marítimo mundial. Por si fuera poco, las presiones internas de sus trabajadores representan un importante desafío a la capacidad estratégica del alto liderazgo que administra la vía interoceánica. Todo este entorno ocurre al tiempo que tres de sus directores cumplen sus términos de servicio -de nueve años- y habrá que reemplazarlos con hombres y mujeres comprometidos, como ciudadanos, a preparar el Canal para los retos de las próximas generaciones. La opinión pública debe examinar cuidadosamente todas las decisiones que afectan el futuro de nuestro bien más preciado, y si es necesario, defenderlo a capa y espada de los voraces intereses nacionales e internacionales que amenazan el mejor uso colectivo del patrimonio de todos.

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