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Para que sea legítima, la recaudación de tributos requiere de mecanismos eficientes, democráticos y transparentes, que le otorguen credibilidad ante la opinión pública. Por esto, le hace un gran daño a nuestra sociedad la creciente percepción de que la Dirección General de Ingresos se ha embarcado en lo que parece ser una persecución política contra adversarios y críticos del gobierno actual. Lo que ayer condenamos con vehemencia, como una de las prácticas más deleznables de la administración anterior, ahora no puede ser tolerada como un ejercicio aceptable. Seguramente, existen poderosos contribuyentes en los puertos, empresas privatizadas, casinos, constructoras y entidades financieras a los que les vendría bien una visita de los agentes de cobro de impuestos del Estado, esto sería, si lo que se busca son rentas no declaradas. En caso contrario, solo queda la conclusión de que todo ha cambiado para seguir igual. Los ciudadanos esperábamos una mejor conducta del gobierno. El desengaño, provocado por nuestras autoridades, puede convertirse en el impuesto más caro que paguemos los panameños.