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El letargo de la Corte Suprema de Justicia es abrumante, y se ha constituido en el talón de Aquiles del Estado de derecho. El retraso del fallo de la “ley blindaje” es un ejemplo reiterado de cómo el pleno de la Corte fomenta la corrupción. Cuando el magistrado Oydén Ortega advirtió que para la mayoría de las causas de alto perfil el período de dos meses de investigación no sería suficiente, sus colegas debieron eliminar ese blindaje y darle un respiro al país. En su lugar, el magistrado Hernán De León tomó tiempo más que suficiente para presentar un proyecto de fallo, que el pleno de la Corte aún no decide. Como si fuera poco, los diligentes diputados aprobaron por insistencia, en contra del veto presidencial, el proyecto 214, de la “ley superblindaje”, y lo remitieron al máximo tribunal para que lo valide. El poder judicial es el árbitro más importante de la democracia, pero el nuestro ha demostrado con creces que no es un actor imparcial. Cada día que pasa con blindaje, se arriesga el futuro de Panamá. Basta ya de impunidad y de la mora judicial.