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Las negligencias médicas representan uno de los fenómenos más preocupantes de los servicios de salud, afectando por igual a instituciones públicas y privadas. La ausencia de documentación que sirva de evidencia, la falta de una asesoría legal apropiada, y el código del silencio del gremio de profesionales de la salud debilitan los pocos esfuerzos que los ciudadanos pueden hacer para exigir sus derechos. La experiencia de la última década con fallos estructurales en la prestación de los servicios de salud, como el envenenamiento masivo por dietilenglicol, y los neonatos intoxicados, son ejemplos extremos de mala praxis médica y demuestran que Panamá carece de una legislación moderna que facilite el cumplimiento del juramento hipocrático. Nadie puede estar por encima de la ley, mucho menos aquellos en quienes confiamos nuestras vidas. Esta es una gran deuda que debemos saldar para curar el mal de la impunidad.