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En 2006, el sistema de transporte público estaba capturado por empresarios inescrupulosos disfrazados de cooperativas y sindicatos, y dominado por la máquina del clientelismo electoral, que favoreciendo a diputados y partidos, les concedía los certificados de operación para que jugaran a los dados con los usuarios. Esta situación persiste. Las víctimas del bus 8B-06 todavía esperan que el Estado las indemnicen por la responsabilidad directa que varios gobiernos han tenido en los desmanes del transporte público. Fueron las autoridades las que permitieron circular esos vehículos inadecuados para transportar seres humanos. La falta de supervisión gubernamental fue la razón de que gases altamente inflamables y prohibidos internacionalmente fueran parte del aire acondicionado de la “nevera” mortal. Todo esto sin olvidar que fue la banca estatal la que financió los nefastos transportes. Estamos en vísperas de iniciar un nuevo sistema de movilidad urbana. Ahora será el Estado el operador, y las expectativas que nos quedan son altas para que los “diablos rojos” y los “piratas” sean asuntos del pasado.