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Para mantener una sociedad democrática es necesario tener una ciudadanía informada y organizada. La opinión pública y la sociedad civil aunaron esfuerzos para conseguir lo que la simple ética y el sentido común debieron haber procurado desde el comienzo: que el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia se apartara de la causa de Financial Pacific. Esta acción no debe aplacar a las organizaciones y a los ciudadanos vigilantes de la transparencia y la integridad del aparato de justicia. Por el contrario, la Corte mantiene una deuda impostergable con la nación, ya que sigue sin derogar la infame Ley 55 de 2012, la norma del nefasto blindaje de los diputados. Además, el rejuego judicial que auspicia la impunidad de un miembro de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá tuvo su origen en las entrañas de este tribunal. Las tareas pendientes de sanear la justicia y de hacer viable nuestro Estado de derecho solo son posibles si los ciudadanos, la sociedad civil organizada y los medios de comunicación mantenemos vivo el compromiso con Panamá. Esa es la fórmula que siempre funciona.