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El pleno de la Corte Suprema de Justicia no puede actuar de oficio en el caso de Financial Pacific para recusar al magistrado presidente de dicha entidad, y si el propio funcionario no invoca una causal de impedimento para conocer el proceso, sus colegas tampoco lo pueden hacer. Esto representa un dilema muy grave para la sociedad panameña. Es una situación inédita en los anales de la justicia que un magistrado, seriamente cuestionado por supuestamente haber presionado testigos y funcionarios judiciales para favorecer a la persona que pretende juzgar, no se declare impedido voluntariamente de conocer el tema. Si el magistrado presidente no quiere actuar en favor del espíritu de la ley, y si quienes deberían querellar evaden su responsabilidad, solo nos queda a los ciudadanos movilizar a la opinión pública para recusarlo moralmente. Lo que aquí se intenta imponer al país hace que el máximo tribunal de justicia pierda su apellido original, para convertirse en la “corte suprema de impunidad”, y eso lo debe repudiar toda la nación.