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Históricamente, uno de los grandes males de nuestra partidocracia criolla ha sido la forma en que las autoridades utilizan la construcción de obras y los aportes destinados al bienestar social como medios para promover su imagen o sus candidaturas electorales. Para controlar esta costumbre, el procurador de la Administración ha presentado a la Asamblea Nacional una propuesta que complementaría el proyecto de descentralización del Estado, prohibiendo utilizar fondos públicos para promover el nombre de funcionarios. La idea del procurador debe ser bienvenida y respaldada, porque nos devuelve a los ciudadanos la titularidad de lo que se paga con nuestros impuestos. Sería justo que esta propuesta fuera acompañada por su contraparte dentro de las reformas electorales, haciendo público el listado de las donaciones de campaña, al igual que las declaraciones patrimoniales de quienes aspiran a gobernarnos. Vivimos tiempos distintos a la era de los caudillos, cuando el Estado se manejaba como una finca privada. Si la política es el arte de gobernar, la honestidad es siempre la mejor política.