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El 65% de los privados de libertad del país está bajo detención preventiva. Esta situación no debe ser confundida con el hecho de que por primera vez en nuestra historia, empresarios y políticos de alto perfil están enfrentando la justicia penal y desafortunadamente, algunos de estos investigados se han marchado de Panamá, evadiendo por completo a las autoridades judiciales. Estas acciones han afectado el curso de las investigaciones y la recopilación de pruebas en varios casos, como el de los pinchazos telefónicos que es probablemente el más sensitivo, por la gravedad de las violaciones a los derechos humanos. No podemos descartar con ligereza los daños causados mediante la invasión de la intimidad de cientos de ciudadanos. La Corte Suprema de Justicia ya se pronunció de manera clara y sustentó la validez de la detención preventiva de los dos exsecretarios del Consejo de Seguridad Nacional. Ahora, nos llama enormemente la atención que dicho pronunciamiento haya sido ignorado por el juez a cargo del caso. Señores jueces: el país los mira y espera de ustedes mucho coraje y valentía con apego a las leyes.