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La ley de Estados Unidos contra prácticas corruptas en el extranjero busca evitar el uso del soborno por parte de sus empresas como forma de obtener negocios con otros Gobiernos. Con esta ley se condenó a la empresa PECC y ahora a una intermediaria de software empresarial. En ambos casos, funcionarios panameños fueron sobornados. Le corresponde al Ministerio Público y a la Contraloría actuar de oficio en este asunto. Es tiempo de legislar para que se erradique de una vez por todas los conflictos de intereses, el soborno y la corrupción de las obras y compras del Estado. La coima es el veneno mortal de la democracia. Depender de la justicia extranjera para sancionar la coima y sanear nuestro Gobierno es una forma de impunidad que nos castiga a todos.