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El debido proceso y la presunción de inocencia son derechos inalienables de toda persona. Al mismo tiempo, la responsabilidad hacia el buen nombre de las instituciones y la reputación del país nunca deben someterse a los mezquinos intereses humanos ni al oportunismo personal. La renuncia de aquellos miembros de las juntas directivas de entidades estatales, que se vean involucrados en investigaciones legales que comprometan la imagen de la institución, evitaría un descrédito innecesario a la nación. ¿Dónde está el sentido patriótico del actual directivo de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) que a la fecha no le ha dado la cara a la justicia que lo requiere? Hay que entender que en estos puestos se requieren personas honorables, que den lustre y enaltezcan a Panamá. Estas designaciones han de basarse en una trayectoria impoluta. Solo los mejores le devolverán el respeto a la nación y en este caso a la ACP.