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La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) enfrenta serios desafíos que requieren del trabajo dedicado de sus ejecutivos, y de su junta directiva. Estos retos incluyen un canal de Suez ampliado cuatro años antes de lo anunciado, y que los embalses de Gatún y Alajuela no alcanzan los niveles de agua para el normal funcionamiento del Canal de Panamá. Esto lo coloca bajo importantes presiones. Sería deseable que sus directivos se abocaran a deliberar sobre los asuntos de la vía interoceánica. En su lugar, uno de los 11 panameños que nos debería representar a todos se pretende arropar con el manto de su cargo para evitar ser interrogado por el Ministerio Público. ¿Dónde está el patriotismo y el sentido del honor que reclama semejante investidura? La ACP no es cualquier institución u oficina pública. Su propia existencia es el resultado de la sangre de los mártires del 9 de enero y del esfuerzo de muchas generaciones de nuestro pueblo. La ética y el buen nombre de la ACP y del país requieren de gallardía para aceptar las responsabilidades personales y evitar las leguleyadas que tanto daño pueden causar. Los intereses personales nunca deben estar por encima de la nación.