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En Panamá, el 70% de los jueces ocupa el cargo de forma interina. Para resolver este y otros problemas de la justicia, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Carrera Judicial. Se le da un horizonte de estabilidad y de crecimiento profesional a aquellos panameños y panameñas que han optado por servirnos como garantes del Estado de derecho. Queda por superar la estrechez presupuestaria que tanto el Ministerio Público como el Órgano Judicial y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses han enfrentado históricamente. En este tema, corresponde a los órganos Ejecutivo y Legislativo conceder los recursos suficientes a las instituciones de justicia para que nuestra nación tenga paz al saber que solo hay culpables en las cárceles, y que todos los responsables de los grandes crímenes y latrocinios que mancillaron la patria serán enjuiciados. Es un buen día cuando tenemos más esperanzas en nuestra justicia.