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Algunos de los presuntos implicados como testigos, cómplices, o autores de los escándalos del régimen pasado han optado por salir del país para dilatar la acción de la justicia. Para perseguir los actos de corrupción de alto perfil se necesita que el Ministerio Público, y las otras entidades, como la Contraloría General de la República, la Dirección General de Ingresos, y la Unidad de Análisis Financiero, trabajen mancomunadamente y se enfoquen como un rayo láser para hacer cumplir la ley. Justo cuando el Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de presupuesto general del Estado, se presenta la oportunidad de dotar a los fiscales, jueces, auditores, y a los peritos del olvidado Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de los recursos financieros adecuados para que puedan emprender su difícil trabajo, ya que se enfrentan a la banda de multimillonarios criminales que nos gobernó. Los delincuentes de cuello blanco deben entender que pueden correr, pero que no se pueden esconder para siempre.