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El alto grado de impunidad existente en la justicia panameña se debe, en gran parte, a la falta de ciudadanos que colaboren para el bien del país. De allí la importancia vital de los testigos protegidos, como uno de los mecanismos que asegura la cooperación eficaz en la persecución de los crímenes. Para que esto funcione, el Estado debe demostrar su compromiso, asignando personal y recursos económicos adecuados. Lo sucedido con el testigo protegido en el caso del Programa de Ayuda Nacional no debe repetirse a ningún nivel ni circunstancia. Si existe personal de seguridad disponible para escoltar a cuanto funcionario, o para custodiar la cinta costera, o incluso para limpiar zanjas y recoger basura, entonces se dispone de fuerzas y recursos para proteger a los testigos, fiscales, y jueces. ¿Cuándo será‘Proteger y Servir’ una realidad? Las autoridades deben entender que si fallan en esto, se caerá una gran cantidad de casos de alto perfil. Más impunidad y frustración ciudadana no le convienen al país.