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La Constitución Política de la República de Panamá establece que la Asamblea Nacional, a través de los diputados que la integran, debe actuar primordialmente en el mejor interés de la Nación, procurando legislar en favor de las verdaderas necesidades políticas y económicas del Estado. Sin embargo, la herencia legislativa del último quinquenio poco respetó este mandato constitucional. Los partidos políticos deben resarcir los errores del pasado y con esto, asegurarse de que el próximo presidente de la Asamblea sea una figura conciliadora, libre de episodios oscuros, que actúe con transparencia y en franco apego a las leyes nacionales. Solo así se podrá garantizar una verdadera democracia en la que impere el respeto a la separación de los poderes del Estado, una justicia imparcial y la promulgación de vehículos legislativos encaminados a satisfacer las necesidades generales del país. Como sociedad, es hora de reaccionar y pedirle a quienes nos representan en el Órgano Legislativo que actúen con transparencia y honestidad.