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Las indagatorias a los exfuncionarios de la pasada administración revelan la poca capacidad que el Estado ha tenido, para supervisar, monitorear, y fiscalizar las complejas contrataciones públicas de los últimos años. En el caso de la línea 2 del Metro, la Dirección General de Contrataciones Públicas no ha encontrado fundamento en los reclamos técnicos efectuados por uno de los consorcios participantes en esa licitación. A pesar de los evidentes conflictos de intereses de varios de los miembros del Comité de Selección, que debían escoger al ganador, se mantiene la decisión original. Ahora se anuncia la segunda fase del proyecto de Saneamiento de la Bahía de Panamá, todo parece indicar que la constructora de la primera fase, y que por cierto también hizo el Metro, tiene ventajas para obtener este nuevo contrato. El Gobierno está obligado a depurar los criterios y parámetros para esta licitación. No basta con decir que es legal porque una norma, que fue cambiada múltiples veces, lo permite. Queremos resultados transparentes, sin dudas, si no, los funcionarios responsables de hoy podrán ser los indagados de mañana.