hoyporhoy

La primera Cumbre de las Américas se celebró a mediados de los años 1990 cuando la mayoría de los Estados de la región –que habían pasado por crueles dictaduras o conflictos armados–, transitaban hacia regímenes democráticos. Entonces, la época en que los gobiernos acusaban de desestabilizadores, subversivos y terroristas a los defensores de derechos humanos; los estigmatizaban, encarcelaban y asesinaban, parecía estar en vías de ser superada. Sin embargo, contra todas las predicciones, la VII Cumbre está caracterizada por la presencia de gobiernos que han abandonado este ideal democrático y han reeditado -en versiones menos brutales pero no por ello menos arbitrarias- las prácticas antidemocráticas del pasado. Los líderes de la región saben bien que el Gobierno de Venezuela no solo no puede violar los derechos de los defensores, sino que debe asegurar que puedan llevar a cabo sus actividades legítimas sin represalias, amenazas, intimidaciones ni acosos por ejercerlas. El llamado de las organizaciones sociales para que los gobiernos exijan a Venezuela el cumplimiento de estas garantías mínimas es, además de justo, urgente. Los gobiernos de la región deben exigir a Venezuela que cese el hostigamiento contra defensores de derechos humanos y respete la libertad de expresión. Ya es hora de que los gobernantes dejen de mirar para el costado y defiendan públicamente los valores comunes que se comprometieron a garantizar desde la primera Cumbre en 1994. Que el silencio no los convierta en cómplices. Aún están a tiempo.