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La lamentable escena con la que amanecimos los panameños ayer dejó en evidencia la intransigencia con la que dirigentes sindicales pretendían –con la excusa de salvaguardar los intereses de su gremio– forzar la ejecución apresurada de una negociación con el Gobierno Nacional que lleva ya meses y cuyo contenido les concedería beneficios adicionales a los que por ley les corresponden. Y es que, para este grupo, la estrategia parecía simple: una paralización masiva del transporte público en plena Cumbre de las Américas, haría que el Gobierno tuviera que aceptar sus absurdas exigencias. El retrato no pudo quedar más claro. Pese a que varios funcionarios intentaron sin éxito calmar la situación, no hubo mediación que sirviera. ¿Hasta cuándo tendrán los usuarios del transporte que vivir a expensas de los caprichos de estos señores? El Gobierno tiene la obligación de procurar que el derecho al transporte público sea garantizado y el presidente Varela debe mantenerse firme y no ceder ante pretensiones ridículas. El país se merece que el oportunismo y la falta de conciencia ciudadana sean cosas del pasado.