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Para Panamá es una necesidad cumplir con las peticiones de organismos internacionales como el GAFI y el Foro Global sobre Transparencia. La inmovilización de títulos al portador se ha convertido en un estándar internacional que el país debe cumplir, si no quiere ser discriminado como plaza financiera internacional. Esta no es una solicitud antojadiza; se hace más difícil realizar transacciones mercantiles convencionales con este tipo de títulos. Sin embargo, este no deja de ser un tema sensitivo que genera opiniones encontradas, por lo que es fundamental que tanto autoridades como empresarios depongan intereses particulares y trabajen en sentar las bases sólidas que garanticen un período de transición sensato para que la legislación, los métodos de control, supervisión y la infraestructura necesaria puedan dar paso al nuevo régimen jurídico. Después de todo, lo que se busca es conocer quién es el beneficiario final de las sociedades anónimas, y así evitar el uso de estos vehículos para esconder actos de corrupción. La vorágine judicial que vivimos los panameños en estos días en buena parte es debido, justamente, al mal uso de instrumentos como estos.