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No hay duda de que los delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad causan graves sufrimientos y atentan contra la salud mental y física de las víctimas, por lo que podrían calificarse de lesa humanidad. Dada su trascendencia, la Sala Penal del supremo colombiano condenó a María del Pilar Hurtado y a otros funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe por las llamadas “chuzadas” a magistrados, periodistas, opositores y hasta defensores de derechos humanos. Hurtado debe pagar ahora por sus acciones, una condena que nos atañe de manera asombrosa, no solo porque estuvo asilada hasta hace poco en el país, protegida por el gobierno de Ricardo Martinelli, sino porque altos personeros de esa misma administración son procesados y están presos por los mismos delitos. En los últimos días, incluso, han surgido evidencias y confesiones que apuntan al uso del Consejo de Seguridad para fines aviesos en el escándalo de los pinchazos. El Ministerio Público y la Corte tienen en sus manos un caso de tal magnitud, que podría compararse con el de nuestros vecinos e inclusive con el de la dupla Fujimori-Montesinos, en el Perú de la década de 1990.