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El Grupo de Acción Financiera determinará esta semana si Panamá ha avanzado en su lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La respuesta es que el país empieza a poner su casa en orden y los grandes intereses creados que bloqueaban muchas de las reformas necesarias están empezando a perder su poder y capacidad de afectar el devenir de los panameños. El cambio que acomete el país es histórico y alcanza sectores económicos que nunca tuvieron mayores regulaciones financieras. Así tenemos que actividades como los casinos, las joyerías, los servicios legales, las empresas de bienes raíces, entre otras, deberán cumplir con regulaciones para prevenir el lavado de dinero que, de paso, fomentarán la transparencia en múltiples negocios, incluyendo sectores tradicionalmente muy opacos. El momento de actuar es ahora, pero el Gobierno necesita mejorar la comunicación con los ciudadanos para realizar las transformaciones estructurales y sanear nuestros mercados. Los tiempos de una economía pirata y subterránea terminaron. Al país le toca vivir dentro de una era de legalidad y bajo un estado de derecho fuerte.