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Como nunca antes en su historia, la justicia panameña enfrenta retos gigantescos, especialmente los organismos de investigación y fiscalización como el Ministerio Público y la Contraloría General de la República. No solo por el tipo de personajes señalados por casos de corrupción en marcha, con su enorme poder económico y mediático para corromper y presionar, sino también por la cantidad de procesos y dinero involucrado en las transacciones. Algunos de los protagonistas recurrirán a sus fueros, su dinero y sus cuotas de poder para evitar el alcance de la ley. Por esa razón, para las autoridades en la materia, no solo se trata de voluntad para romper ese dañino código del silencio que se convierte en una muralla que impide el paso de la ansiada luz de la justicia, sino de recursos materiales y humanos para hacer esa labor. Si bien el Órgano Ejecutivo debe mantenerse al margen del proceso de las investigaciones, se requiere su total disposición para aportar los recursos que necesitan los organismos de investigación. La justicia llama. La impunidad no puede triunfar una vez más. Fallar sería imperdonable.