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El uso que le dieron los diputados a las llamadas partidas circuitales –otorgadas por el Ejecutivo de la pasada administración– merece, sin ninguna duda, una pronta y prolija investigación, que debe pasar primero por auditorías forenses de la Contraloría General de la República. Son serias y bien fundadas las sospechas de que ese dinero –decenas de millones de dólares– se usó con fines abiertamente políticos y electoreros, y casi sin control alguno. Allí está el caso de la junta comunal de una apartada comunidad de Veraguas –Río de Jesús– cuyo alcalde manejó las partidas circuitales de varios diputados, entre ellos, algunos cuya elección fue impugnada tras las elecciones de mayo pasado. ¿En qué se gastó el dinero? ¿Por qué enviar millones a esa comunidad? ¿Acaso esto está regulado por la ley? Son interrogantes que no tienen respuesta, pues la contralora anterior se negó rotundamente a contestar preguntas sobre este espinoso tema. Ahora corresponde a las nuevas autoridades del Ministerio Público y de la Contraloría dar luces sobre este asunto y, si caben responsabilidades, que sean llamados a juicio a rendir cuentas por estos cuantiosos fondos.