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En un fallo de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia del 15 de mayo de 2013, con la ponencia del magistrado Víctor Benavides, se condena al Estado a pagar $5 millones 429 mil 828 con 18 centésimos, en concepto de indemnización por daños y perjuicios referentes a un contrato originalmente pactado por la suma de $269 mil 505 con 60 centésimos. Lo polémico de esta decisión radica en la debilidad de las pruebas que justifican un pago tan exagerado, hasta el punto de que el Presidente de la República, trascendiendo los límites usuales de su función, ha opinado desfavorablemente sobre la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados deben tener sumo cuidado cuando toman sus decisiones alejando todo tipo de sospechas sobre sus motivos, pero los políticos deben evitar este tipo de censuras porque se desacreditan todos los poderes. Al final perdemos todos.