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El actual Presidente ha reconocido que él también fue víctima de espionaje telefónico, al igual que muchos otros ciudadanos panameños. Dentro de su vocación democrática, el mandatario deja el asunto en manos del Ministerio Público y del sistema de justicia, lo que, al parecer, es la única respuesta institucional válida. Sin embargo, quedan tareas pendientes que solo el Ejecutivo puede iniciar, desde la limpieza del Consejo de Seguridad Nacional hasta la redacción de una propuesta de ley que de una vez por todas proteja a la población de los abusos que, en materia de comunicación y de protección a la intimidad, pueden hacer los gobiernos y los poderosos. El gobernante debe convocar a un grupo de expertos nacionales e internacionales para que se haga una amplia consulta nacional que sirva de fundamento para establecer el marco jurídico que los panameños queremos para convivir en una sociedad democrática. Así, mientras el escándalo del espionaje sigue su camino en las esferas de la justicia penal, se previene que la actual y futuras administraciones cedan a la tentación totalitaria contra los ciudadanos.