Hoy por hoy

Casi una década ha transcurrido desde que el Estado contrató a la empresa IBT para la realización de múltiples obras, como la nueva cárcel de mujeres de Pacora y cuatro hospitales a nivel nacional. En un proceso derivado de estos proyectos, el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas le solicitó a la Universidad Tecnológica de Panamá que auditara los trabajos hechos en la nueva cárcel de mujeres para que así el Tribunal pudiera tomar una decisión informada en la controversia entre la constructora y el Ministerio de Gobierno. Esto se suma al largo periodo de espera y al rosario de lamentaciones que el país ha tenido que vivir mientras el Ministerio de Salud y la empresa se ponen de acuerdo sobre los hospitales pendientes de entrega. Este panorama nos da otra muestra de lo frágil que es el Estado cuando un solo contratista controla tantos proyectos. Es casi una invitación al incumplimiento y, sobre todo, a la falta de acciones contundentes por parte de las administraciones anteriores, que dejaron que esto se perpetrara, sin castigo ejemplar. ¿Hasta cuándo con esta cultura del despilfarro con los fondos públicos? Los ciudadanos de este país somos los únicos que salimos perdiendo.