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El relleno de más de 50 hectáreas en Amador es un proyecto que no debió ser admitido siquiera. Las repercusiones, a simple vista, son muchas y el Gobierno ya está dando señales de que lo va a aprobar. No parece recordar que, años atrás, un entuerto similar –aunque menos invasivo– fue rechazado, no solo porque representaba un serio problema de tráfico, sino porque los usuarios de la calzada – miles de panameños que disfrutan de actividades al aire libre en esa zona– serían privados de uno de los espacios más atractivos de la capital. A ello se suma el hecho de que el proyecto sería para uso privado, a pesar de que los rellenos de mar son inadjudicables, por lo que no hay que descartar demandas de inconstitucionalidad contra las aprobaciones que se den ahora. Solo por esta razón, ese desarrollo nunca ha debido ser considerado por el Ministerio de Ambiente y avalado por el Minsa y el MOP. Será que en estas entidades habrán omitido la lectura de la parte en la que el promotor admite que pretende lucrar con facilidades como estacionamientos, hospedajes, restaurantes, área para deportes extremos y acuáticos, playas, centros comerciales y una peatonal. ¿Para eso era que Omar Torrijos quería entrar a la zona del Canal?