Hoy por hoy

El contralor lleva 25 meses en el cargo, suficientes para haberse dado cuenta del descarado despojo que hacen alcaldes y representantes mediante la autoasignación de ingresos, que en algunos casos han alcanzado los $14 mil mensuales, muy superiores a los ingresos del propio contralor. Si, a su criterio, tales erogaciones no tenían justificación, ha debido intentar que la Corte Suprema declarara su ilegalidad. Pero acreditar tales pagos argumentando que los hacen desde hace 15 años y que aumentaron en la administración de su antecesor y del Procurador de la Administración, no es excusa. Pero, de hecho, su antecesor intentó detener estos pagos mediante una demanda de nulidad contra un acuerdo del Municipio de Arraiján, que –si se hubiese resuelto a su favor– habría servido como antecedente para eliminar como costo fijo de los presupuestos municipales los gastos de movilización. Tal postura fue respaldada por el otro funcionario que menciona Solís: el Procurador de la Administración, quien recomendó la nulidad, por su desapego a las normas de administración presupuestaria, pero la Corte no resolvió la demanda. El actual contralor no solo miente sobre los intentos para evitar estos pagos, sino que trata de justificar su incompetencia.