Hoy por hoy

La Fiscalía Electoral ha dado un tímido paso adelante, y varios hacia atrás en el tema del uso de recursos estatales con fines electorales. En una circular del 13 de diciembre pasado, advertía a los funcionarios de las consecuencias de utilizar el patrimonio estatal con fines políticos, pero evidentemente, nadie la leyó, pues este mes, la repartidera de jamones y bolsas con comida ha sido pública, realizada en sus narices, y divulgada en las redes sociales a través de cientos de fotografías y videos, tanto de los “generosos” donantes, como de ciudadanos, testigos de los hechos. Y por más que la Fiscalía reniegue de la efectividad de los reportes hechos en noticias e, incluso, glosas, no se habría dado cuenta si parte de lo ocurrido no se publica en medios de comunicación. Al parecer, los fiscales electorales no han escuchado de la notitia criminis. Pero es que la comodidad que gozan los fiscales electorales es de envidia: no se mueven ni siendo testigos de actos irregularidades, pues solo bastaba con mirar las redes sociales. El fiscal general electoral, si tuviera algo de vergüenza, debería renunciar, pues para no darse cuenta de lo que ocurría con la plata del Estado, tendría que haberse vendado los ojos y taparse los oídos.