Hoy por hoy

Es una lástima que Panamá no haya explorado la posibilidad de constituirse en acusador en el caso de lavado de dinero contra los hijos del expresidente Ricardo Martinelli, en Nueva York. Aunque los fondos transitaron por el sistema bancario estadounidense, lo cierto es que se trata de dinero que pertenece al pueblo panameño, por lo que, al menos, el Gobierno debió interesarse, pero ni para eso ha servido. Perdimos la oportunidad en Italia, con el caso de Finmeccanica, y ahora en Estados Unidos, con el caso Odebrecht. El Gobierno tampoco ha reaccionado al hecho de que los abogados estadounidenses que representan los intereses de Panamá en varios asuntos y arbitrajes, sean los mismos que defienden a este delincuente confeso de conspiración para lavar coimas, en perjuicio del Estado. El Gobierno debería despedirlos, pues no se puede estar al servicio del Estado mientras simultáneamente se presta ayuda a quienes lo atracan. Pero estas “sutilezas” son imperceptibles para nuestros gobernantes, pues en el fondo no son muy distintos de estos bandoleros. Al final de su condena, el confeso será deportado a Panamá y ya lo veremos a él y a su familia diciendo que es un perseguido político. Y nada le pasará en el país del final feliz para los delincuentes.