Hoy por hoy

En el gobierno de Ricardo Martinelli fueron notorios los actos irregulares y de corrupción. Las pruebas abundan: sobreprecios comprobados, coimas confesadas, plata en bancos sin justificación, interceptaciones no autorizadas. La lista de irregularidades es larga y las pruebas, tangibles. Es natural que los afectados, unidos por una causa, quieran ahora anular sus casos alegando que fueron “armados”. Y, efectivamente, las piezas que componen una organización criminal hay que armarlas, cual rompecabezas. Solo así se puede entender cómo funciona un esquema de corrupción que busca ocultar sus huellas. Las investigaciones fueron hechas, pero ahora, en un complot para el que se ha prestado el procurador encargado –y no sorprendería que prestantes figuras del gobierno también, pues no son muy distintas a los acusados de hoy–, se ha apartado de los expedientes a los fiscales que descifraron el rompecabezas de la organización que se armó en el gobierno de años atrás. Apartarlos es un precedente peligroso, pues basta presentar una simple denuncia para que el procurador –bien mandado– separe de sus casos a cada fiscal. Años de investigación irán al caño para que retorne al trono su majestad, la impunidad.