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Una vez más, una excusa –que no viene al caso– ha servido para que el Gobierno haga una contratación directa de vehículos. Esta vez, para el Consejo de Seguridad Nacional (CSN), por un monto que, aunque poco (en comparación con otros gastos millonarios), debió haber ido a licitación. Los principios que rigen la administración pública deben respetarse, sin importar la cuantía, grande o pequeña. Las contrataciones directas son fuente de corrupción, de favoritismo, de tráfico de influencias y eso lo saben todos los funcionarios. Solo hay que recordar el caso Finmeccanica, en el que el gobierno de turno –excusándose en la seguridad nacional, como en este caso– hizo una contratación directa que terminó mal, no solo en los equipos adquiridos, sino en multimillonarias comisiones para terceros que generaron justificadas sospechas de corrupción. La seguridad nacional no es excusa válida para hacer contrataciones directas para arrendar vehículos. Para colmo, no hace mucho la Presidencia alquiló una importante cantidad de automóviles por un monto millonario. ¿Es que no alcanzaron los carros? ¿Por qué no incluyeron desde el principio al CSN? Es increíble que estos escenarios se repitan, como si no hubiesen aprendido del pasado.