Hoy por hoy

El Ministerio de la Presidencia prohibió el acceso a las actas, notas y archivos del presidente y vicepresidente de la República y del Consejo de Gabinete, salvo lo relacionado con la aprobación de contratos con el Estado. Aunque lo permite la Ley de Transparencia de 2002, ¿es necesario hacer esto? Las dos administraciones anteriores no lo hicieron, lo que nos lleva a preguntarnos por qué sí lo necesita Laurentino Cortizo y por qué antes lo ordenó la presidencia de Martín Torrijos. Ambos del PRD. Este gobierno puede restringir el acceso a temas muy precisos, en vez de ocultar todo el caudal informativo por diez años, tiempo suficiente para evitar investigaciones o condenas por potenciales delitos, ya que cuando se levante el velo, cualquier actuación delictiva seguramente habrá prescrito. Es inevitable la suspicacia, afianzada con declaraciones como la que hizo días atrás el propio Cortizo, cuando pidió “pruebas” a los medios de comunicación sobre las cuestionadas actuaciones de sus funcionarios. Tiene razón en que en un Estado de derecho se respeta la presunción de inocencia, pero también exigimos que se acabe el estado de impunidad, porque aquí los políticos, ni confesando sus delitos, son condenados.