Hoy por hoy

El Estado da en concesión unas tierras a cambio de $7 millones al año. La misma concesionaria subarrienda a 5 empresas parte de estas tierras. De solo una de ellas, la concesionaria recibe $9 millones en ingresos de alquiler. Es como si usted pagara $1 por un raspado y el raspadero, además del raspado, le diera también $1.25 centésimos. No solo le salió gratis, sino que ganó más ingresos que lo que le costó. Para rematar, quienes están supuestos a velar por el bienestar del raspadero y la rentabilidad del carrito, tras una somera evaluación, determinan que eso está perfectamente bien, y le permiten seguir haciéndolo por 25 años más. Al Estado le saldría mejor dar la concesión de puertos gratuitamente, pero quedarse con el derecho de alquilar las tierras subarrendadas a terceros. La incompetencia y deshonestidad en el cuidado del patrimonio del Estado implica que, esencialmente, al dejar de cobrar por el derecho de uso de su activo lo que le corresponde con base en un valor razonable de mercado, el Estado está pagándole a la concesionaria para que esta siga siéndolo.