Hoy por hoy

La Ley 122 del 31 de diciembre de 2019, que modifica normas de incentivos para el turismo, es un atraco al Estado maquillado como estímulo económico. Ya su nacimiento da mala espina: primero, la presenta el diputado Raúl Pineda (PRD), que no da puntada sin hilo, y luego, es sancionada por el Ejecutivo, nada menos que en la víspera de un año nuevo. Semejante pillaje legalizado debía pasar agachado, porque de qué otra manera se justifica que el Estado deba pagar el 100% del valor de una inversión turística, a través de créditos fiscales a sus inversores. Esta ley no es para incentivar; es para repartir el fisco. Y ya empezaron a especular, pues hay promotores que, amparándose en esta legislación, proponen costosas facilidades residenciales, acicaladas con fines turísticos. Es inverosímil que las firmas del presidente de la República y del ministro de Comercio e Industrias aparezcan en esta ley, avalando tal despojo. ¿Cómo pudieron acceder a esta rapiña? Si en esas estamos, no nos sorprenda que algo semejante pidan los inversores de hospitales, universidades, industrias, centros comerciales, plantas de energía, puertos, minas, etc. Entre políticos y empresarios inescrupulosos, pronto seremos extranjeros en lo que una vez fue nuestro país, porque lo que no se roban, lo regalan.