Hoy por hoy

La ley de intereses preferenciales data de 1985. Esta, sin duda, ha sido un gran impulso para permitir que incontables familias adquirieran su primera vivienda. Sin embargo, sus modificaciones y extensión en el tiempo más allá de lo previsto —como siempre ocurre con todo subsidio— han creado distorsiones en el mercado que, a su vez, han generado otros problemas. La propuesta del diputado independiente Gabriel Silva para modificar dicha ley resolvería muchos de ellos. Primero, reenfoca la legislación para posibilitar la adquisición de una vivienda sin que esté condicionada a que sea nueva. Segundo, asegura que el mercado de propiedades de segunda mano, en ese rango de precios, no se vea deprimido por no tener el mismo incentivo que las nuevas. Tercero, permite que se puedan reparar y reconstruir viejas edificaciones para poder venderlas con este incentivo, motivando la residencia en el centro de la ciudad, al tiempo que reduce la disgregación del núcleo urbano. La vivienda, además de satisfacer una necesidad básica, también debe convertirse en parte del patrimonio familiar, pero si el valor de ese bien se ve desmejorado frente a las ventajas que ofrece una vivienda de reciente construcción, esto claramente es un error. Y ya es hora de corregirlo.