Hoy por hoy

Trece años le tomó a un juzgado abrir causa criminal contra un exdiputado y una de sus colaboradoras por un caso de presunto peculado en perjuicio de una institución que ya desapareció: el Fondo de Inversión Social (FIS), la cual, con nuevo nombre (Programa de Ayuda Nacional-PAN), fue posteriormente desvalijada por funcionarios cuyos casos aún no terminan de resolverse. Lo que nos dicen estos procesos es que la justicia en Panamá, en lo referente a los delitos relacionados con el patrimonio de la nación, está hecha para que reine la impunidad. El sospechoso de hurtar una gallina tiene más probabilidades de ser condenado que un político que confiese –públicamente y por escrito– haberse robado $50 millones de una obra estatal. Nuestra legislación solo sirve para amparar el delito y librar de sospechas al culpable. Es, además, un intrincado campo minado, hecho para que los casos se pierdan por tecnicismos, sin entrar al fondo de los hechos. Panamá necesita urgentemente establecer procesos más simplificados y dotar a la justicia de herramientas jurídicas y de profesionales con altos estándares éticos y académicos, robustecerla con recursos económicos y renovarla por completo. Eso, o nos condenamos a vivir sin ley ni orden.