Hoy por hoy

Todo el que cumple con los requisitos que exige la Constitución para ser diputado o magistrado está en su derecho de presentarse para ser elegido o seleccionado. Pero eso no significa que eso deba ser todo lo necesario para recibir tal privilegio. En el caso de los diputados, está harto probado que es un cargo que no debería ser de reelección, pues, en sus esfuerzos de permanecer en el cargo, cambian la división electoral del país, buscan hacer obras para acaparar simpatías, manipulan el presupuesto del Estado, etc., mientras sus deberes son relegados a tercer plano. En el caso de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, su selección debería ser meticulosa, estrictamente apegada al mérito, a la ética y a una trayectoria intachable. Pero han sido muchas las veces que estos nombramientos responden al pago de favores o viceversa, para beneficiar a algún copartidario o, sencillamente, el cargo se reserva para abogados sin reputación ni experiencia ni escrúpulos para la venta de sus fallos. El Ejecutivo se apresta a nombrar —junto con la Asamblea Nacional, donde la ética y la moral se fueron de eterno paseo— a los próximos magistrados. Esperamos que se elija a intachables profesionales del derecho y no aquellos que cumplan solo con los requisitos mínimos de ser panameño, abogado y mayor de 35 años de edad.