Hoy por hoy

Lo ocurrido con la mina de Molejón, que estaba bajo la responsabilidad de Minera Petaquilla, gracias a un contrato ley concedido en la administración de Ernesto Pérez Balladares (1994-1999), obliga al país a hacer una revisión minuciosa sobre las concesiones para esta actividad. Fue, precisamente, un gobierno PRD el que firmó el contrato con la minera, que años después fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema. Además de ser peligrosamente pernicioso para el área donde se instaló la mina, Panamá no estaba técnicamente preparada —y años después sigue sin estarlo— para inspeccionar, supervisar, auditar y vigilar proyectos mineros de envergadura. El resultado de ese contrato fue catastrófico para el país, que percibe beneficios tan miserables que, bajo la legislación actual y los contratos que se han firmado, solo vale la pena para los empresarios que —eso sí— ganan fortunas a costillas de los recursos del país. Ahora vemos cómo el proyecto de Molejón incumplió sus obligaciones con el Estado, como el pago de cánones, regalías, renovación de fianza ambiental, medidas de protección ambiental y cuotas a la Caja de Seguro Social. Al menos, el PRD tiene la oportunidad de quitar lo concedido.