Hoy por hoy

Quizás haya formas más sutiles de enterrar uno de los mayores escándalos de este gobierno: los abusos sufridos por menores de edad en los albergues que subsidia la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), pero queda claro que la intención es pasar la página sin mayores consecuencias. El Estado subsidia 42 albergues en todo el país, con una población de unos 905 menores bajo su cuidado. A pesar de que apenas se ha rascado la superficie, este escándalo ha pasado a un segundo plano. Y para no seguir agitando las aguas, el presidente de la República sigue sin nombrar un director para la Senniaf, y la Asamblea no ha acordado una fecha para que comparezcan la ministra de Desarrollo Social y la exsubdirectora de la Senniaf, hoy convertida en gobernadora de la provincia de Panamá. Los ciudadanos seguimos sin conocer a ciencia cierta, o conocemos a cuentagotas, quiénes están involucrados en los abusos y cuál es la responsabilidad de las personas detenidas o a quién responden. Mientras, en el Ministerio Público, las pesquisas avanzan lentamente y los investigados están lejos de ser los “peces gordos” supuestamente involucrados. En otras palabras, estamos casi como en la primera semana del escándalo.