Hoy por hoy

Durante 29 domingos, gran parte de la población estuvo encerrada por orden gubernamental. Con un simple decreto ejecutivo, el No. 507 del 24 de marzo de 2020, que declaró el toque de queda total, el Ejecutivo delegó a las “autoridades sanitarias” la reglamentación de la movilidad. En esencia, un ministro tiene el poder —desde hace 215 días— de decidir, a su discreción, cuándo y de qué manera la ciudadanía puede salir de sus hogares. Los derechos y contrapesos consagrados en la Constitución son letra muerta. La Asamblea no cuestionó la apropiación de poderes por el Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia ni se dignó en examinar los amparos de inconstitucionalidad. En un reciente ejercicio, la falta de una fotocopia superó en importancia la consideración de nuestros derechos. Mientras tanto, las razones para mantenernos enclaustrados cada vez quedaban más caricaturescas. Desde hace meses resulta evidente que coartar el esparcimiento al aire libre y limitar el tiempo para que la gente realice sus diligencias, generó estrés y mayores aglomeraciones, y afectó la salud mental de todos, especialmente de los niños. La situación incongruente finalmente comienza a remediarse, pero no así el desbarajuste institucional. Y si la falta de justicia no acaba con este país, lo hará la demagogia, que avanza ante la ausencia de una estrategia económica. El camino pavimentado con esta forma de haber hecho las cosas es peligroso para nuestra débil democracia.