Hoy por hoy

Uno de los rubros de gasto público más elevado es el de la planilla de los funcionarios del Estado, y esto no ha variado a pesar de las circunstancias. Desde el comienzo de la crisis sanitaria, mientras cientos de miles de panameños sufrieron importantes recortes de jornada, la suspensión de sus contratos o la pérdida de sus empleos, la remuneración de los servidores públicos sigue intacta. Este desequilibrio frente al resto de la sociedad ha sido resuelto en otros países con aportes voluntarios significativos del funcionariado, o por medio de normas jurídicas que establecieron descuentos salariales a los mejor remunerados. En Panamá, no fue hasta cuatro meses después de iniciada la crisis, que el Órgano Ejecutivo presentó un proyecto de ley ante la Asamblea Nacional, que propone los recortes salariales de los altos cargos, por seis meses. La lógica y la decencia indicaban que este proyecto debía ser prioritario en las discusiones de los diputados; sin embargo, lo han postergado con excusas baladíes. La ética y la solidaridad reclaman que esos hombres y mujeres en las curules de la Asamblea actúen. La inacción solo castiga a los más necesitados.