Los problemas financieros de la Caja de Seguro Social (CSS) emergen en el peor momento de su historia, cuando el país y sus instituciones sanitarias enfrentan una pandemia de consecuencias inciertas, que dejarán una desastrosa secuela en nuestra economía. La responsabilidad de lo que está pasando hoy hay que buscarla en las tres últimas administraciones, con lo que todos los partidos políticos existentes están involucrados.
Los fondos para pagar las pensiones y jubilaciones se agotan rápidamente. Para enfrentar la anunciada situación actual, la administración de la CSS emprendió acciones para sortear momentáneamente los graves problemas que deben solucionarse de forma definitiva. Esas acciones no están amparadas por la ley y, en consecuencia, carecen de legitimidad para ejecutarse. Pero la junta directiva de la CSS pierde credibilidad y hasta puede ser cómplice por sus omisiones frente a estos hechos, claramente carentes de asidero legal y que se hacen frente a sus narices.
El otrora botín político está a punto de perder su atractivo y convertirse en un patito feo. Pero seguramente en sus entrañas se guardan secretos tan desagradables que nadie quiere que le facturen semejante “costo político” y solo se limitan a mirar cómo languidece la institución que garantizaría la tranquilidad de las generaciones actuales y futuras de sus trabajadores.
