Hoy por hoy

Las diferencias entre algunos municipios y el gobierno nacional sobre la aplicación y duración de la ley seca, demuestran la existencia de una desconexión entre la administración central del Estado y la visión local. La salud y sus desafíos no hacen caso de los límites administrativos, ni mucho menos de los niveles de gobierno. La respuesta sanitaria debe ser única, ajustada a realidades cambiantes y a capacidades diferenciadas de respuesta a los problemas sanitarios. Existe una multiplicidad de intereses a favor y en contra de la ley seca. Su interrupción, modificación o continuidad debe estar fundamentada en evidencia científica y en criterios sanitarios. Muchos de los alcaldes del interior entienden muy claramente el alto costo humano y económico de la pandemia, y de violar la cuarentena. Algunos de ellos han denunciado a diputados por abusar sus privilegios, y se han enfrentado a poderosos intereses locales y nacionales para defender la salud de sus conciudadanos. Otro tanto ha venido haciendo el Ministerio de Salud. ¿De dónde surgen las diferencias? Los alcaldes entienden muy bien la interacción de la política y las presiones económicas. En ese juego, no son ningunos principiantes.