El mercado de telefonía móvil en Panamá está por entrar a una nueva era. El negocio cambiará de ser sancionado el proyecto de ley 479, que permite una recomposición en la cantidad de empresas que pueden operar en el país.
La legislación se flexibiliza para que el número de operadores se pueda reducir de cuatro a tres empresas.
Dicha modificación, aprobada en tercer debate por la Asamblea Nacional esta semana, permite establecer los mecanismos para la eventualidad de que alguno de los compradores decida vender o fusionarse.
Esto significa que la reforma quita las restricciones legales que existían para que se dieran concentraciones entre las operadoras de telefonía móvil.
La concentración se entiende como la fusión, la adquisición del control o cualquier acto en virtud del cual se agrupen sociedades, asociaciones, acciones, partes sociales, fideicomisos, entre sí.
Del lado de los usuarios
Velando por los derechos de los clientes, de darse una “concentración económica”, dicha operación requerirá de la previa verificación y el concepto favorable de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).
El director de la Acodeco, Óscar García, señaló que “esa previa verificación permitirá que cuando se presente una propuesta, ya sea de consolidación o fusión, la Acodeco pueda evaluarla, teniendo en cuenta la dinámica de la competencia y la afectación positiva o negativa que pudiera haber sobre los usuarios”.
En el país ofrecen los servicios de telefonía móvil Telefónica, Cable & Wireless (desde 1996 y 1997, respectivamente), y Claro y Digicel (desde 2008).
Las cuatro se reparten un mercado de más de 4 millones de personas, donde hay 5.9 millones de líneas de telefonía móvil activas, según la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos.
El director ejecutivo de asuntos corporativos de Cable & Wireless, Roberto Mendoza, sostiene que este proyecto de ley pretende dinamizar la industria de las telecomunicaciones en el país.
“En Panamá no existe ese mecanismo regulatorio para una solicitud eventual de consolidación en una industria tan dinámica que requiere de tantas inversiones como las telecomunicaciones. Con esto simplemente se está actualizando el marco legal que viene desde el año 1997, y que en pleno siglo XXI aún sigue vigente”, dijo.
