El presidente José Raúl Mulino caminó entre grúas, contenedores y patios en movimiento en el puerto de Balboa, en una visita poco habitual y cargada de señales.
Flanqueado por figuras clave de su equipo —la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz; y el secretario de Metas, José Ramón Icaza— el mandatario observó una operación que, según insistió, marcha con normalidad bajo administración temporal.
Pero fuera del recorrido, el contexto pesa. La visita ocurre en medio del arbitraje iniciado por Panama Ports Company (PPC) contra Maersk, tras la salida de la primera y la entrada de la segunda como operador transitorio del puerto de Balboa.
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No fue el típico jueves de conferencia de prensa en la Presidencia de la República. Esta vez, Mulino dejó claro el tono de su mensaje: se tomó fotografías con los trabajadores que ahora están a cargo de APM Terminals, recorrió las instalaciones y respondió preguntas sobre las nuevas licitaciones para Balboa y Cristóbal, además de un proceso separado para el puerto de Margarita, en un rediseño completo del esquema portuario que apenas comienza a tomar forma.
En ese cruce de presente y futuro, también se asomó el pasado. Pero Mulino evitó dar detalles sobre la auditoría a la gestión de PPC, aunque dejó una frase que no da margen de error:“ Lo que se ha visto es “preocupante”.
El puerto de Balboa y Cristóbal quedó bajo la administración de APM Terminals Panamá desde enero de 2026, en calidad de “transitoria” por un periodo de 18 meses, hasta que se organice una nueva licitación pública. Esto se da luego de que PPC se quedara sin contrato de concesión para operar los puertos de Balboa y Cristóbal tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia.
La visita presidencial se produce dos días después de que PPC anunciara la presentación de un proceso de arbitraje contra Maersk.
Según PPC, la decisión surgió ante lo que describió como “la toma” de las terminales portuarias en Panamá, proceso que atribuye a la participación de APM Terminals, designada como operador temporal tras la anulación del contrato.
En un comunicado, la empresa señaló que Maersk “socavó el contrato y se alineó con la República de Panamá en conexión con su campaña estatal contra PPC”, sustituyéndola mediante “una toma”.
Por su parte, Maersk aseguró que no se considera responsable de las reclamaciones presentadas por la empresa portuaria.
En un breve comunicado, la compañía confirmó que el proceso en su contra había sido iniciado y afirmó que “atenderá en el foro correspondiente”.
Auditorías con resultados preocupantes
Tras su recorrido, el presidente Mulino respondió a algunas preguntas de los medios de comunicación. Al consultarle sobre la auditoría de la gestión de PPC ahora que ha entrado un nuevo operador, indicó que es un tema que compete al Contralor de la República, pero aclaró que lo que ha visto “es preocupante”.
No obstante, el mandatario no reveló mayor información, señalando que prefirió mantener la discreción debido al proceso de arbitraje en curso.
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Tampoco se han conocido detalles del allanamiento del Ministerio Público, que realizó una diligencia en oficinas ocupadas por PPC en Albrook, tres días después de que la empresa fuera desalojada de los puertos de Balboa y Cristóbal, donde operó en concesión por casi 30 años.
El mapa portuario panameño enfrenta a dos gigantes globales, Hutchison y Maersk, a través de sus filiales PPC y APM Terminals, en medio de una transición en los puertos de Balboa y Cristóbal bajo la mirada del gobierno de Mulino.
