Panama Ports Company (PPC) calificó este 23 de febrero como una “toma ilegal” la decisión del Estado panameño de asumir el control de los puertos de Balboa y Cristóbal, ejecutada tras la publicación en la Gaceta Oficial del fallo judicial que declaró inconstitucional la ley que dio sustento a su contrato de concesión.
En un comunicado de tono marcadamente confrontativo, la empresa afirmó que el Gobierno ingresó de forma “ilegal, sin transparencia ni coordinación”; interfirió con su propiedad y su personal, y la obligó a cesar operaciones.
Era de conocimiento general que la intervención del Estado se daría inmediatamente después de que se publicara la sentencia del 29 de enero de 2026, que declaró inconstitucional la Ley No. 5 de 1997, que aprobó el contrato de concesión y sus prórrogas.
Con su publicación en Gaceta Oficial, el fallo adquirió carácter definitivo y de obligatorio cumplimiento, conforme al artículo 206 de la Constitución.
Además, el Ejecutivo emitió el Decreto Ejecutivo No. 23 de 2026, que ordenó la “ocupación temporal” de bienes muebles vinculados a la operación —incluyendo grúas, vehículos, sistemas informáticos y software—, con el argumento de garantizar la continuidad del servicio público portuario.
El Gobierno fundamentó la medida en disposiciones constitucionales que establecen que los puertos son bienes de dominio público, que el interés social prevalece sobre el interés privado, y que el Órgano Ejecutivo puede decretar ocupaciones temporales en casos de urgencia social.
También invocó la Ley General de Puertos, que atribuye al Estado —a través de la Autoridad Marítima de Panamá— la responsabilidad de organizar y asegurar la eficiencia del sistema portuario nacional.
Mientras PPC sostiene que la ocupación es inconsistente con la legislación, el Ejecutivo argumenta que, tras la anulación del contrato, tenía la obligación de asumir directamente la administración de infraestructuras consideradas estratégicas y de propiedad inalienable de la Nación.
El Estado, que mantiene una participación accionaria del 10% en la empresa, actuó en un escenario en el que ya era previsible que la publicación oficial del fallo habilitaría medidas administrativas inmediatas.
La compañía responsabilizó al Estado por cualquier daño que pueda producirse y anunció que se reserva el derecho de acudir a arbitrajes internacionales y a mecanismos de protección de inversiones contemplados en tratados.
El exadministrador del Canal, Alberto Alemán Zubieta, quien asumió el rol de líder del equipo técnico que guiará el proceso de transición en los puertos de Balboa y Cristóbal, dijo que la PPC tiene todo el derecho de presentar procesos arbitrales, mientras que Panamá también tendrá el derecho de defenderse.
Alemán Zubieta participó este lunes en una reunión con los abogados de la empresa portuaria para informarles sobre la toma de control de las instalaciones y el camino hacia la creación de dos nuevas concesiones temporales de hasta 18 meses, asignadas a distintos operadores para cada puerto, como paso previo a la elaboración de un nuevo contrato de concesión permanente que será sometido a licitación.
Explicó que en ese encuentro la única persona que trabajaba para PPC de forma directa era la directora de recursos humanos, ya que todos los directivos principales no se encontraban en Panamá desde hace varias semanas.
Información en desarrollo…
